De potencia renovable a potencia industrial
TribunaPor Luis Quiroga y Toni Timoner (*)
Durante años, España ha medido la transición energética por récords de producción renovable. Cada nuevo máximo solar, cada jornada en que la eólica cubría gran parte de la demanda y cada hito de electricidad limpia reforzaban la idea de que generar más energía verde equivalía casi a completar la transición. Todo ello importa, y mucho. Pero ahora entramos en una fase más exigente. Ya no basta con producir electricidad limpia: hay que convertirla en ventaja industrial competitiva. La pregunta decisiva no es solo cuánta capacidad renovable instalamos, sino qué parte de esa energía transformamos en fábricas más eficientes, procesos descarbonizados, empleos cualificados y cadenas de valor arraigadas en el territorio. España cuenta con una oportunidad real, aunque no automática. Dispone de abundantes recursos renovables, una industria diversificada y presencia fuerte en sectores como alimentación, química, papel, metalurgia, cerámica, componentes y automoción. Su posición geográfica puede convertirse en plataforma estratégica si va acompañada de las infraestructuras y reglas adecuadas. Sin embargo, arrastra limitaciones conocidas: costes energéticos finales que no siempre reflejan la ventaja del precio mayorista, cuellos de botella en la red, lentitud administrativa, ayudas fragmentadas, menor capacidad fiscal que otros socios europeos y un tejido empresarial dominado por pymes que difícilmente asumen inversiones largas o inciertas.
La primera condición para acertar es abandonar la retórica fácil. La industria no se descarboniza con consignas, sino con precios competitivos, acceso a red, seguridad regulatoria, capital humano y tecnologías que funcionen en la fábrica real. El verdadero dilema es claro: o España descarboniza su tejido productivo con inteligencia económica, o verá cómo otros países capturan la nueva inversión industrial mientras aquí seguimos debatiendo objetivos abstractos. La industria española representa una parte relevante de las emisiones nacionales y todavía depende de combustibles fósiles para muchos de sus procesos, en particular la provisión de calor. Las fábricas consumen energía para producir vapor, secar, calentar, fundir o transformar materiales. En sectores como alimentación, papel, química ligera, textil o farmacéutica, gran parte de ese calor se sitúa en rangos bajos y medios de temperatura. Ahí existe una oportunidad inmediata: bombas de calor industriales, calderas y hornos eléctricos, recuperación de calor residual y almacenamiento térmico ya ofrecen soluciones maduras para sustituir gas y otros combustibles fósiles.
«La industria no se descarboniza con consignas, sino con precios competitivos, acceso a red, seguridad regulatoria, capital humano y tecnologías que funcionen en la fábrica real»
No toda la industria es igualmente descarbonizable hoy. El cemento, el acero primario y ciertos procesos de muy alta temperatura requieren soluciones que todavía carecen de viabilidad técnica o comercial. La política industrial debe segmentar diferentes demandas de calor, distinguiendo la innovación para sectores de difícil descarbonización y la electrificación inmediata y accesible para los procesos donde la tecnología ya existe. La transición más inteligente empieza por la fruta madura, que se concentra en la electrificación del calor por debajo de 500 grados y afecta a actividades muy presentes y arraigadas en el territorio, como la agroindustria, la fabricación de papel, ciertos usos químicos, el textil y parte de la cerámica. Estos sectores sostienen empleo, exportaciones y actividad económica fuera de los grandes centros urbanos.
El principal obstáculo no siempre es tecnológico, sino económico. Lo decisivo es el coste total de operación durante años. El precio final de la electricidad resulta determinante. España disfruta de precios mayoristas ventajosos gracias a una ventaja competitiva de recurso renovable, pero las empresas invierten sobre contratos estables y pagan una factura final inflada por peajes y cargos del sistema. Si electrificar supone más trámites, costes fijos, incertidumbre y conexiones lentas, la decisión se pospone.
España tampoco puede ignorar la dimensión europea. Francia y Alemania han desplegado potentes instrumentos para atraer industria electrointensiva abaratando su factura final sustancialmente. Si Europa permite una carrera desordenada de ayudas de Estado, los países con mayor margen fiscal inevitablemente concentrarán las inversiones. España debe defender una mayor armonización europea de los apoyos industriales para evitar que la transición agrande las asimetrías internas de la Unión.
«La transición energética puede ser una gran ventaja si se transforma en una política industrial seria y pragmática»
La automoción merece atención especial, por su peso en el empleo y el valor añadido bruto de la economía española. La electrificación del transporte es una política industrial que afecta a plantas de ensamblaje, componentes, baterías, logística y servicios energéticos. España es el segundo país de la Unión en producción de vehículos, fundamentalmente para el mercado de exportación. El riesgo es que la inversión se desplace a otros países; la oportunidad, convertir España en un polo de producción y uso inteligente del vehículo eléctrico, vinculado a electricidad limpia y una industria auxiliar competitiva. Las políticas de movilidad deben maximizar su eficiencia por euro invertido, concentrando el esfuerzo en flotas profesionales, vehículos comerciales, taxis y demás usuarios intensivos que recorren más kilómetros y reducen más emisiones. Para ello se necesita financiación accesible y recarga fiable. El vínculo entre industria y transporte es profundo. Todos forman parte del mismo ecosistema. La descarbonización se convierte en una agenda de competitividad: menor dependencia de combustibles importados, menos volatilidad energética y más inversión productiva.
España debe actuar con pragmatismo: priorizar sectores con ventaja comparativa, apoyar tecnologías maduras y evitar que la red sea el cuello de botella. Las políticas deben medirse por resultados concretos: toneladas de CO2 evitadas, inversión movilizada, empleos preservados y dependencia energética reducida. Y hacerlo al menor coste posible para el erario público. El nuevo horizonte industrial para España será, si se gestiona correctamente, una industria más electrificada, eficiente y menos vulnerable a shocks externos vinculados a los combustibles fósiles. La transición puede ser una gran ventaja si se transforma en una política industrial seria y pragmática. España tiene recursos y sectores donde empezar. Lo que falta es convertir la ambición climática en ejecución real. De ello dependerá buena parte de nuestra prosperidad en la próxima década.
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Luis Quiroga y Toni Timoner son fundadores de OIKOS y autores del libro El ecologista de derechas (Deusto, 2026).